Dr. Esteban Mizrahi: “En materia de políticas de seguridad, hoy existe una profundización de la cooperación y concertación de fuerzas en la región”

El Doctor en Filosofía, Esteban Mizrahi, quien es parte de la coordinación general del I Congreso sobre Estado, Seguridad y Política Criminal, que se realizará el próximo 8 y 9 de marzo de 2018 en la Universidad de la Matanza en San Justo, Argentina, respondió algunas consultas de Humaniora y nos cuenta detalles de lo que será el encuentro que busca discutir desde distintos enfoques el rol que debe asumir el Estado frente a materias de criminalidad y seguridad ciudadana.

¿Cuáles son los principales objetivos del I Congreso sobre Estado, Seguridad y Política Criminal?

Este Congreso se propone discutir las problemáticas delictivas que ponen en jaque la soberanía estatal en la actualidad y repensar las políticas criminales destinadas a combatirlas. La hipótesis central es que el crimen organizado alcanza en un escenario globalizado tal nivel de desarrollo que logra volver funcionales a sus objetivos las políticas que el Estado plantea para combatirlo. Un claro ejemplo de ello es la así llamada “Guerra contra las drogas”. Una doctrina prohibicionista que, al igual que la ley seca de los años 20 en EE.UU., lejos de desalentar el negocio de las drogas y resguardar la seguridad ciudadana, a lo único que conduce es a aumentar de un modo desmedido sus márgenes de rentabilidad y con ello la capacidad de los narcotraficantes para corromper a los agentes estatales, distorsionar los precios del mercado interno a través de múltiples actividades de lavado e incrementar los niveles de violencia callejera en las luchas por los territorios. En tal sentido, el Congreso se propone discutir desde múltiples enfoques disciplinares, en un arco que va desde el Derecho y la Ciencia Política hasta la Filosofía y las Ciencias de la Comunicación, el rol que debe asumir el Estado para hacer frente a este tipo de amenazas. La solución a problemas de semejante envergadura no es sencilla y menos aún lineal. Muchas veces el endurecimiento de la legislación contribuye a incrementar el fenómeno delictivo que se pretende combatir. Otras, introduce nuevos problemas vinculados con el ejercicio discrecional de la violencia en manos de las fuerzas de seguridad. Finalmente, también debe tenerse en cuenta que legislaciones de este tipo no son, por lo general, una respuesta parlamentaria legítima a una demanda de la ciudadanía sino que muy a menudo responden a lineamientos de organismos internacionales. Por esta razón, también suelen tener un tratamiento parlamentario extraordinario en relación con la celeridad de su aprobación. Tal es el caso, por ejemplo, de la sanción de la “Ley antiterrorista” en Argentina. Creemos que el ámbito académico, alejado de las urgencias de la vida política, es un lugar privilegiado para la discusión de problemáticas que están requeridas de un pensamiento previo a la decisión.

Según su opinión, ¿en qué condiciones se encuentran Argentina y América Latina en general, en materia de Derecho Penal y políticas de seguridad actualmente?

Observamos un proceso de armonización en los abordajes existentes en materia de derecho penal y políticas de seguridad en la región. Por un lado, en lo que se refiere al derecho penal, se verifica una expansión de la legislación. Se introducen nuevos tipos penales asociados a una retórica de combate. Por lo general, esto va acompañado de un endurecimiento de las penas y un retroceso en el sistema de garantías materiales y procesales. Con ello se pretende prevenir antes que castigar. Pero lo curioso del caso es que esta legislación no está dirigida a ciudadanos fieles al derecho sino más bien a enemigos del Estado, es decir, a actores considerados peligrosos que, por definición, no están normativamente vinculados y, por tanto, no viven como amenaza la existencia de la ley. Por el otro, en lo que concierne a las políticas de seguridad, vemos que hoy existe una profundización de la cooperación y concertación de fuerzas en la región. Esta situación no es nueva. Un ejemplo histórico de ello ha sido la implementación del Plan Cóndor en el Cono Sur. Sin embargo, existen en la actualidad al menos tres factores novedosos que orientan estas políticas de concertación: Primero, hace treinta años que los países del Cono Sur se rigen por regímenes democráticos, lo cual impone un control al uso de la fuerza en sentido vertical (por parte de la sociedad) y horizontal (entre los poderes del Estado). Las políticas de seguridad están requeridas hoy de legitimación y no sólo de legalidad. Segundo, la eliminación de las tradicionales hipótesis de conflicto entre nuestros países ha favorecido mayores intercambios gubernamentales que se traducen en ejercicios combinados, reuniones bilaterales o multilaterales, cooperación en materia de inteligencia, etc. Y tercero, como corolario de lo anterior, cada vez existen más mecanismos de concertación en políticas de seguridad a través de los cuales se difunden los paradigmas en la materia. Un ejemplo claro de esto son las reuniones periódicas que tienen lugar entre Ministros del Interior y Seguridad del Mercosur y Países Asociados. A las reuniones bilaterales, se les suman reuniones regionales en el ámbito de la OEA, del GAFILAT, etc. En estas reuniones se promueven explícitamente políticas de armonización en materia de seguridad, muchas veces tomadas en respuesta a coyunturas internacionales. Un caso claro al respecto está relacionado con el tratamiento del terrorismo. Casi la mitad de los Convenios de Naciones Unidas anteriores al 2001 habían sido aprobados desde la década del sesenta y recién fueron ratificados por los países del Mercosur en los cuatro años siguientes a los atentados del 11-S. Este fenómeno obedece a dos motivos. Por un lado, la percepción de amenaza y de inseguridad se hizo más patente a raíz de la espectacularidad de los hechos. Por otro lado, la intensificación de las presiones de la comunidad internacional y, en especial, del gobierno de EE.UU. en su “lucha contra el terrorismo”.

¿Cuáles son las convergencias y las divergencias entre Chile y Argentina en estas materias? ¿Y los principales desafíos?

Cuando se sancionó la ley antiterrorista en Argentina, muchos analistas la equiparaban con la ley chilena. Ambas legislaciones dieron lugar a fuertes planteos en torno a la utilización de la norma de manera preventiva en conflictos políticos de orden interno. La falta de precisión conceptual en la tipificación del delito, abre en ambas normas una ventana de oportunidad para su uso discrecional. En ambos casos, se contempla como objeto de la ley la tentativa de la comisión del delito, las definiciones son laxas, se fortalecen las competencias de instancias administrativas en detrimento de las judiciales, etc.

Volviendo a la pregunta anterior, el mayor desafío ante el avance de políticas neopunitivas, propias del así llamado derecho penal del enemigo, consiste en encontrar el modo de enfrentar los fenómenos delictivos mencionados sin dar por tierra con las garantías procesales y materiales propias de un estado de derecho. Se trata de pensar estrategias para proteger la libertad de las personas y evitar la criminalización preventiva de quienes no responde al estereotipo del ciudadano sea por ser extranjeros, por practicar otra religión que la mayoritaria, o por reivindicar sus orígenes indígenas, como en el caso mapuche, diaguita y demás grupos étnicos descendientes de los pueblos originarios.

Finalmente lo invitamos a convocar a los investigadores e instituciones chilenas que estén interesados en estas temáticas.

Como vemos, los desafíos son comunes. Por ello, esperamos discutir estas temáticas con académicos de Chile y otros países de América Latina. Esta posición no es meramente declamatoria. Ya está confirmada la presencia en el Congreso del Prof. Dr. Alex Van Weezel, prestigioso penalista chileno, quien tendrá a su cargo una de las conferencias plenarias. Esperamos sinceramente que no sea el único. Por lo tanto, las puertas están abiertas para todos aquellos que estén interesados en la discusión plural, franca y documentada acerca de estas problemáticas en el marco del Congreso.

* En la elaboración de las respuestas participó junto al Dr. Mizrahi, Julieta De San Felix, politóloga y parte de su equipo de investigación.

Más información sobre el Congreso en: http://www.humaniora.cl/event/convocatoria-i-congreso-sobre-estado-seguridad-y-politica-criminal-argentina/

 

 

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