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Racismo de Estado y discriminación étnica en el relato de la justicia en Chile

Autor: Carlos del Valle Rojas

El presente artículo proporciona evidencias sobre la presencia de estereotipos, de prejuicios y de discriminación étnica en sentencias de los Tribunales de la región de La Araucanía en Chile hacia imputados de ascendencia mapuche. De este modo, se pretende contribuir a una mejor comprensión del uso de estrategias discursivo-comunicacionales en las sentencias, a propósito de los Casos 12.576 (Caso de los Lonkos) y 12.611 (Caso Poluco Pidenco) contra el Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El marco normativo del estudio

El Código Procesal Penal de Chile contiene al menos cuatro artículos que hacen referencia a principios del sistema penal chileno que implican obligaciones concretas que deben ser respetadas en cualquier juicio y que tienen relación directa con los propósitos de este estudio, específicamente, aspectos con implicancias discursivas, a saber:

Artículo 297.- Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

Artículo 340.- Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. No se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración.

Artículo 342.- Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá:

a) La mención del tribunal y la fecha de su dictación; la identificación del acusado y la de el o los acusadores;

b) La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto de la acusación; en su caso, los daños cuya reparación reclamare en la demanda civil y su pretensión reparatoria, y las defensas del acusado;

c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297;

d) Las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo;

e) La resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiere atribuido; la que se pronunciare sobre la responsabilidad civil de los mismos y fijare el monto de las indemnizaciones a que hubiere lugar;

f) El pronunciamiento sobre las costas de la causa, y

g) La firma de los jueces que la hubieren dictado.

Artículo 374.- Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados:

a) Cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal incompetente, o no integrado por los jueces designados por la ley; cuando hubiere sido pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez de tribunal de juicio oral en lo penal legalmente implicado, o cuya recusación estuviere pendiente o hubiere sido declarada por tribunal competente; y cuando hubiere sido acordada por un menor número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley, o con concurrencia de jueces que no hubieren asistido al juicio;

b) Cuando la audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen, bajo sanción de nulidad, los artículos 284 y 286;

c) Cuando al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la ley le otorga;

d) Cuando en el juicio oral hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad del juicio; • •Carlos del Valle Rojas Racismo de Estado y discriminación étnica en el relato de la justicia en Chile

e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e);

f) Cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de lo prescrito en el artículo 341, y

g) Cuando la sentencia hubiere sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada.

El objeto de estudio y el enfoque teórico-metodológico

Para la realización del estudio se analizaron dos de las sentencias de condena consideradas en el proceso de dirigentes indígenas mapuches contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (RIT 21-2004ª Caso Poluco Pidenco y RIT 2-2003 Caso Lonkos). El enfoque utilizado corresponde al Análisis Crítico y Complejo del Discurso, un método de análisis del discurso, de carácter científico, cuyas matrices han sido elaboradas con rigurosidad y sometidas a validación permanente para garantizar sus propiedades analíticas y su replicabilidad.

En este caso particular, el propósito del Análisis Crítico y Complejo del Discurso es revelar cómo a través del lenguaje jurídico-judicial –en tanto expresión formal, racional y lógica– no sólo se construye y se representa la realidad, sino que también se expresan formas especí- ficas de ejercicio del poder y de control, especialmente hacia los grupos minoritarios de una sociedad.

De esta manera, podemos hablar del Análisis Crítico y Complejo del Discurso como parte de una ciencia forense, cuyo rigor científico se sustenta en características formales, propias del saber científico. Estas características corresponden a la naturaleza de los análisis y a sus inferencias correspondientes, de modo que constituyen la base científica de las inferencias analíticas, a saber:

– La condición lógica, que garantiza la estructuración y la organización de los contenidos de los discursos. En este sentido, entendemos que a los efectos de su producción, como de su análisis, el discurso debe fundarse en la lógica.

– La condición racional, que garantiza la motivación de los razonamientos y de las argumentaciones presentes en los discursos; de modo que el discurso debe ser racional.

– La condición crítica y compleja, que garantiza la coherencia del discurso con el contexto en el cual es producido. El discurso no puede estar ajeno a las condiciones tanto materiales como simbólicas bajo las cuales se produce y se reproduce.

Los resultados: evidencias de estereotipos, de prejuicios y de discriminación étnica

Las evidencias encontradas se pueden relacionar con dos situaciones: la ruptura del razonamiento lógico, para relevar razonamientos interesados; y el registro explícito e implícito de evidencias discursivas en dichas rupturas. Dichas evidencias, en tanto, se pueden sintetizar en tres familias de estrategias:

1. El uso de expresiones periodísticas, o mediáticas en general, con fuertes cargas valorativas, tanto políticas como morales.

2. La reproducción de estereotipos y de prejuicios sociales y culturales sobre las comunidades mapuche y/o estereotipos favorables a la parte acusadora.

3. La vulneración de derechos mediante el uso de razonamientos discriminatorios, como parte de un tipo de relato legitimado socialmente e integrado a la rutina productiva de los tribunales.

A continuación, se exponen evidencias específicas, organizadas de acuerdo a su uso discursivo; en tanto estrategias jurídico-judiciales de carácter psicopolítico; esto es, estrategias de naturaleza psicológica (razonamientos y persuasiones) con fines políticos.

En primer lugar, se presentan ejemplos a partir de los casos objeto del proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

I.

Uso de expresiones periodísticas, o mediáticas en general, con fuertes cargas valorativas, tanto políticas como morales

“El delito es terrorista, porque son hechos notorios las consecuencias que han tenido en la zona diversos actos violentos que han afectado a los propietarios de las llamadas tierras en conflicto; que el carácter terrorista del ilícito ha sido asumido subjetivamente en su dolo por todos los acusados, puesto que asumieron materializar una conducta dolosa en el marco de los demás hechos ocurridos en la zona; tanto por la decisión de emplear determinados medios, cuanto por la finalidad que se buscó al cometer este hecho en particular” (RIT 21-2004A).

Aquí se asume el carácter terrorista sustentado en la idea de «hechos notorios». Pero ¿qué significa que un hecho sea notorio? ¿Qué le confiere este carácter? ¿El hecho mismo o las circunstancias mediáticas?

[Ministerio Público] “los hechos causados por ellos son públicos y notorios, son actos que derivan en delitos de la misma especie, donde todo es estudiado, obedeciendo a un plan determinado que pone en jaque al país, sus órganos y sus instituciones” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

Se reitera la idea del carácter notorio de los hechos, agregando la condición de «públicos», lo cual refuerza el rol mediático.

[Intendencia Regional y Gobernación Provincial de Malleco] “que con métodos violentos pretenden alterar la paz social buscando en definitiva una presión, una ventaja económica sin ningún respeto con las personas afectadas, este contexto demuestra la ocurrencia de delitos terroristas y no de delitos comunes” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

Aparecen expresiones como «alterar la paz social» o «sin ningún respeto con las personas», más cercanas a la configuración desde la prensa que al lenguaje jurídico-judicial.

“Que declaran terrenos en estado de conflicto para obligar a los afectados a comprar paz, si no, enfrentan exigencias de entregar terrenos; que esta actividad es reiterada en el tiempo, concatenándose la sucesión de hechos que primero se formularon sólo como presiones y como amenazas de quemar y de atentar contra bienes y personas; con ello se afecta la tranquilidad y el buen vivir que siempre se quiso tener con las comunidades mapuches” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

Se observan nuevas expresiones más próximas al lenguaje mediático que al jurídico-judicial, como «comprar paz» o «sucesión de hechos».

“Que las acciones que originaron esos ilícitos evidencian que la forma, los métodos y las estrategias empleadas tenían una finalidad dolosa de causar un estado de temor generalizado en la zona, situación que es pública y notoria y que estos jueces no pueden desatender; se trata de un grave conflicto entre parte de la etnia mapuche y el resto de la población, hecho que no fue discutido ni desconocido por los intervinientes. En efecto, los ilícitos antes señalados están insertos en un proceso de recuperación de tierras del pueblo mapuche, el que se ha llevado a efecto por vías de hecho, sin respetar la institucionalidad y la legalidad vigente” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

Se emplean expresiones típicamente mediáticas, como «causar un estado de temor generalizado en la zona», «grave conflicto entre parte de la etnia mapuche y el resto de la población» e «insertos en un proceso de recuperación de tierras del pueblo mapuche».

“Como antecedentes generales, y de acuerdo a la prueba aportada durante el juicio por el Ministerio Público y los querellantes particulares, es un hecho público y notorio que en la zona, desde hace un tiempo a la fecha, están actuando organizaciones de hecho que usando como argumento reivindicaciones territoriales realizan actos de violencia o incitan a ellos. Entre sus métodos de acción se emplea la realización de diversos actos de fuerza que se dirigen contra empresas forestales, pequeños y medianos agricultores, todos los cuales tienen en común ser propietarios de terrenos contiguos, aledaños o cercanos a comunidades indígenas que pretenden derechos históricos sobre las mismas. Tales acciones apuntan a la reivindicación de tierras estimadas como ancestrales, siendo la ocupación ilegal un medio para alcanzar el fin más ambicioso, a través de ellas se irán recuperando parte de los espacios territoriales ancestrales y se fortalecerá la identidad territorial del pueblo mapuche” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

Se insiste en expresiones propias del discurso público dirigido a los medios, como «hecho público y notorio», «actos de fuerza», «fin más ambicioso», sin precisarlo.

“Que el Gobierno interviene en esta acción, porque es su deber la mantención del orden público en todo el territorio de la República. Solicita la condena de los acusados como autores, a las penas señaladas, en su adhesión a la acusación del Ministerio Público” (RUC 0100086594 2. Código: 00837. RIT 21-2004).

Otra expresión de una connotación pública y social importante es la de «orden público», empleada con bastante frecuencia en estos casos. Pero ¿qué es el orden público exactamente? ¿Qué le da este carácter?

II.

Reproducción de estereotipos y de prejuicios sociales y culturales sobre las comunidades mapuche y/o estereotipos favorables a la parte acusadora.

[Ministerio Público] “señaló que se enfrenta a un conflicto artificial creado por grupos minoritarios que dicen representar al pueblo mapuche y que manipulan las ideas de racismo y de intolerancia; son ellos quienes declaran los terrenos en conflicto, son ellos los que utilizan argumentos reivindicacionistas y se victimizan, son ellos quienes crean alarma pública y afectan el Estado de derecho; son grupos radicalizados, infiltrados internacionalmente y a esas organizaciones pertenecen los acusados” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

Se presenta una serie de argumentos no sólo para deslegitimar, sino también para cuestionar al movimiento mapuche; pero basados en la reproducción de estereotipos y de prejuicios, como «conflicto artificial», «manipulan las ideas de racismo e intolerancia», «se victimizan», etcétera.

[Intendencia Regional y Gobernación Provincial de Malleco], “señaló que la legítima aspiración del pueblo mapuche se ha tornado en un conflicto artificial, aparente, promovido por un grupo minoritario” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

Se reitera la reproducción de estereotipos y de prejuicios, como la idea de «conflicto artificial».

[Fiscalía] “señaló que todo se inserta dentro de la manipulación que un sector minoritario del pueblo mapuche hace del resto de su etnia; que por estrategia y por lógica declaran la reivindicación de la tierra, acciones donde los acusados participan activamente; que Aniceto Norín y Pascual Pichún dirigen las acciones, en tanto que Patricia Troncoso actúa como instigadora” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

Se reproducen, nuevamente, los estereotipos de «manipulación», «donde los acusados participan activamente», sin proporcionar para ello las evidencias necesarias.

III.

Vulneración de derechos mediante el uso de razonamientos discriminatorios, como parte de un tipo de relato legitimado socialmente e integrado a la rutina productiva de los tribunales.

“En efecto, durante el segundo semestre de 2001, los propietarios deciden iniciar la explotación forestal del predio durante noviembre de ese año, lo que llegó a conocimiento de los acusados, ya que tal actividad implicaba contratar mano de obra de sus comunidades, enmarcada dentro de la oferta de los dueños de mantener relaciones de buena vecindad y de dar trabajo a los comuneros del sector; esto hizo que desde octubre de 2001, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Segundo Aniceto Norín Catrimán y Patricia Troncoso Robles comenzaran con sus amenazas de quemar totalmente el predio Nancahue, si los propietarios persistían en su actitud de explotar sus bosques” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

El razonamiento lógico es que las amenazas comienzan cuando los propietarios inician sus actividades de explotación forestal; pero, al mismo tiempo, se deslizan de manera implícita otras implicancias que favorecerán el razonamiento general de la parte acusadora, como «contratar mano de obra de sus comunidades» y «mantener relaciones de buena vecindad».

“Constituyen diversos delitos terroristas contemplados en la ley 18.314, puesto que estos incendios y amenazas se cometieron con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y los efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o un grupo determinado de personas, debiendo presumirse tal finalidad cuando los ilícitos se cometen mediante artificios explosivos o incendiarios, salvo que conste lo contrario” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

El razonamiento indica que los hechos constituyen delitos terroristas, mediante la atribución de una finalidad sin proporcionar evidencias de la misma. Luego, el razonamiento se refiere a la naturaleza (medios) o a la finalidad (plan premeditado), sin indicar, nuevamente, cuáles son las evidencias de uno u otro caso.

“Señaló tener la certeza moral de que fue un grupo de comuneros de Temulemu y Didaico las personas que quemaron la casa de su hijo” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

En la argumentación se invocan aspectos morales de base y no jurídico-judiciales. Este desplazamiento argumental hacia lo moral tiene una relevancia fundamental como línea de investigación que se proyecta desde este estudio. Esta condición moral sitúa al testimonio (y al testigo que lo enuncia) en un espacio trascendido, casi metafísico.

“Cree que el incendio de Temulemu fue hecho por gente de dicho sector, aun cuando señala no haber visto a nadie”(RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

Este testimonio también recoge débiles evidencias, que se sustentan en percepciones y en impresiones.

“Que resultaron probadas las amenazas verbales y escritas hechas por Pascual Pichún antes del incendio; en efecto, primero hizo presiones y luego dijo al testigo reservado N.º 1 que había cumplido con lo amenazado; que se probó, también, que cada vez que llegaba Patricia Troncoso ocurrían incendios. En concreto, Pascual Pichún es autor material y la acusada Troncoso es inductora de los hechos, puesto que en el caso del incendio del fundo San Gregorio tuvo el dominio de la acción, primero al expulsar a la gente del campo y después ocurrió el siniestro; que tanto Nancahue como San Gregorio enfrentan una larga historia de amenazas. Al existir un mismo método, al estar las mismas personas y al producirse el mismo resultado, los acusados deben ser condenados” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

La argumentación se sustenta en supuestas amenazas verbales y escritas probadas según el testimonio de un testigo reservado. Asimismo, se sugiere una relación causal entre la ocurrencia de incendios y la presencia de una persona a la cual se acusa de inductora. La mera presencia en el lugar se transforma en la condición para sustentar el dominio de la acción.

“Recurriendo a acciones de fuerza previamente planificadas, concertadas y preparadas por grupos radicalizados que buscan crear un clima de inseguridad, inestabilidad y temor en diversos sectores de la Octava y Novena Regiones. Estas acciones se pueden sintetizar en la formulación de exigencias desmedidas, hechas bajo presión por grupos violentistas a los dueños y propietarios, a quienes se les advierte que sufrirán diversos tipos de atentados en caso de no acceder a sus requerimientos. Muchas de estas amenazas se han materializado mediante ataques a la integridad física, en acciones de robo, hurto, incendio, daño y usurpación, que han afectado tanto a las personas como a bienes de diversos propietarios agrícolas y forestales de esta zona del país; en la audiencia se recibieron numerosos testimonios y se dieron a conocer diversos antecedentes al respecto, sin perjuicio de que ello es de público conocimiento. Es obvio inferir que la finalidad perseguida es provocar en la gente un justo temor de ser víctima de atentados similares, y con ello obligar a los dueños para que desistan de seguir explotando sus propiedades y hacer que las abandonen, ya que la sensación de inseguridad y de intranquilidad que generan dichos atentados trae consecuencias tales como disminución y encarecimiento de la mano de obra, aumento en el costo, tanto en la contratación de maquinarias para la explotación de los predios, como para cubrir las pólizas que aseguran las tierras, las instalaciones y las plantaciones, también, es cada vez más frecuente ver trabajadores, maquinarias, vehículos y faenas instalados en los distintos predios, bajo protección policial que asegure la ejecución de las labores. Todo esto afecta derechos garantizados constitucionalmente. Esta convicción del tribunal emana de los dichos expresados por los testigos Juan Sagredo Marín, Raúl Arnoldo Forcael Silva, Juan Agustín Figueroa Elgueta, Aída Inés Figueroa Yávar, Juan Agustín Figueroa Yávar, Armín Enrique Stappung Schwarzlose, Jorge Pablo Luchsinger, Villiger, Osvaldo Moisés Carvajal Rondanelli, Gerardo Jequier Shalhí, Antonio Arnoldo Boisier Cruces y Juan Eduardo Correa Bulnes, quienes refirieron al tribunal haber sido víctimas directas o tener conocimiento de amenazas y de atentados contra personas o bienes, perpetrados por gente de la etnia mapuche; estos testigos expresaron de diferente forma la sensación de temor que dichos actos les provocaron; están las expresiones del perito José Muñoz Maulen, quien refirió haber respaldado en un compac disc computacional la información obtenida de la página web denominada «sitio http/ fortunecety.es/felices/lahabana/260/frame.htm.», donde se mencionan diversas actividades relacionadas al movimiento de reivindicación de tierras que parte de la etnia mapuche lleva a efecto en las Octava y Novena Regiones del país; de los antecedentes vertidos en el informe de la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Honorable Senado de la República, realizada el 1 de julio de 2002; de la información contenida en el cuerpo C, páginas 10 y 11 de la edición del diario El Mercurio del 10 de marzo de 2002 y en diversas publicaciones de La Tercera, El Mercurio, Austral de Temuco, La Segunda y La Tercera, aparecidas en dicha prensa los días 26 de marzo de 1999, 15 de diciembre de 2001, 5 y 15 de marzo y 15 de junio de 2002, respectivamente, y en diversas declaraciones públicas y solicitudes a la autoridad, formuladas por comunidades indígenas de la zona” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

La convicción del tribunal se sustenta en testimonios y en inferencias referidas a hechos relacionados casi naturalmente, sin contar con otras evidencias suficientes. Y una de las argumentaciones centrales se orienta hacia las consecuencias económicas de los hechos aludidos.

“Agrega que el incendio del inmueble de su hermano y la quema del bosque fueron causados por comuneros de Didaico Traiguén, ignorando quién o quiénes fueron los autores de los hechos. […] Ignora quiénes le quemaron su casa y el bosque, aunque supone que son comuneros del sector. […] Por dichos de trabajadores supo que en el fuego participaron Norín, La Chepa y un tal Huenchul, aunque no vio a nadie quemar el bosque” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

Se atribuyen hechos a personas, sin contar con evidencias, sólo supuestos.

“Para convicción del tribunal, se encuentran acreditados los elementos del tipo penal exigidos por el artículo 7º de la ley 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad, puesto que las declaraciones ya analizadas emanan de personas vinculadas directamente con los hechos o que adquirieron un conocimiento por diversos motivos, testimonios que resultan coherentes con las pericias y las evidencias documentales incorporadas durante la audiencia, que constituyen antecedentes que en su conjunto y libremente apreciados conducen al convencimiento de tener por acreditados, más allá de toda duda razonable, los hechos materia de la acusación fiscal y particular, como quiera que las acciones que causaron estos delitos demuestran que la forma, los métodos y las estrategias empleadas tenían una finalidad dolosa de causar un estado de temor generalizado en la zona” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

Aunque el Tribunal declara su convicción, su sustento está en que las declaraciones corresponden a personas implicadas en los hechos, las mismas que han señalado no haber visto a los supuestos responsables. Se hace referencia a antecedentes que otorgan convicción por la mera apreciación de los mismos, sin proporcionar evidencias de los testimonios, más allá de estos.

“No se encuentra suficientemente acreditado que estos hechos fueron provocados por personas extrañas a las comunidades mapuches” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

El razonamiento aplicado es altamente discriminatorio, porque se imputa un delito a determinadas personas al no existir acreditación de otros posibles responsables.

“Se encuentra probado que el acusado Pascual Pichún es lonko de la Comunidad «Antonio Ñirripil» y Segundo Norín lo es de la Comunidad «Lorenzo Norín», lo que importa jerarquía en su interior y determinada capacidad de mando y de liderazgo sobre ellas” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

El razonamiento empleado aquí es que ciertas personas son responsables de un delito por pertenecer, aparentemente, a un colectivo al cual se le atribuyen eventuales responsabilidades en este tipo de delitos.

“Asimismo, es preciso resaltar que los imputados Pichún y Norín se encuentran condenados por otros delitos relativos a ocupaciones de tierras cometidos con anterioridad a estos hechos en contra de predios forestales, ubicados en lugares aledaños a las respectivas comunidades, según consta de la causa ROL 22.530 y acumuladas por la cual se condenó a Pascual Pichún a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y a Segundo Norín a una pena de 800 días de presidio menor en su grado medio, en ambos casos, a las accesorias legales y costas por el delito. Además, Pichún Paillalao fue condenado a la pena de 41 días de prisión en su grado máximo y al pago de una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales como autor del delito de manejo en estado de ebriedad; así consta de sus respectivos extractos de filiación y antecedentes y de las copias de las sentencias definitivas debidamente certificadas e incorporadas” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

La argumentación, en este punto, es que los imputados son responsables porque han sido condenados por delitos que, por cierto, no son el delito aquí consignado. Sólo hay un vínculo espacial, en la medida en que las personas viven en el mismo sector.

“Ambos acusados pertenecerían, según lo declarado por Osvaldo Carvajal, a la Coordinadora Arauco Malleco C.A.M., organización de hecho según reitero y de carácter violentista” (RUC 0100083503 6. Código: 00837. RIT 2-2003).

Este razonamiento atribuye responsabilidad en el delito por una supuesta pertenencia al colectivo, públicamente sindicado por sus reivindicaciones.

[Ministerio Público] “los hechos constituyen delito terrorista porque no son aislados, sino que se trata de varios sucesos, todos los cuales tienen la finalidad dolosa de causar un temor generalizado en la población, de que puedan sufrir acontecimientos de la misma especie; que, además, por la naturaleza de la acción, la coordinación para actuar, la preparación y la concertación previa y los medios empleados para provocar el incendio, lo convierten en terrorista; que se atentó contra propietarios agrícolas y comunidades colindantes y también contra dueños de tierras declaradas unilateralmente en conflicto, situación que sugiere la intención de atentar contra grupos determinados de personas; que el efecto de todo esto es una disminución de la inversión en la región, un encarecimiento de costos, una mayor demanda de protección policial para desarrollar faenas de explotación, etc.; finalmente, es un delito terrorista porque es la forma utilizada para provocar terror y temor en la población, con el objeto de alcanzar los fines perseguidos de reivindicación territorial contra el Estado de derecho. Al concluir, solicitó la condena de los enjuiciados a las penas señaladas en la acusación” (RUC 0100086594 2. Código: 00837. RIT 21-2004).

Se acredita la condición de terrorista de los hechos a partir de algunos supuestos muy genéricos, como «no ser aislados», tener la finalidad de «causar temor», ser planificados, y por una supuesta condición intrínseca de estos hechos como terroristas («es la forma utilizada»). Pero no hay evidencias claras de los hechos y la condición de terrorista es definida de manera muy genérica, de modo que puede aplicarse a diferentes delitos similares.

“En efecto, es delito terrorista porque a pocos días del incendio de Poluco Pidenco habían ocurrido otros siniestros en la zona, como en el fundo Curaco, en el fundo Nancahue, en el fundo San Gregorio y tres días después aparece el fuego en Poluco Pidenco; que se escucharon declaraciones de personas y de representantes de diversas organizaciones que afirmaron haber sido víctimas de actos de violencia, tales testigos afirmaron que esos hechos crearon un clima de temor que encareció los seguros, disminuyó la inversión, encareció la producción, disminuyó la mano de obra y devalúo la propiedad, todo eso es un reflejo de la inseguridad y el temor frente a la perpetración de que ocurran nuevos delitos similares” (RUC 0100086594 2. Código: 00837. RIT 21-2004).

El razonamiento aplicado para acreditar la condición de delito terrorista sigue, nuevamente, una lógica meramente témporo-espacial, porque se señala que han ocurrido «otros siniestros en la zona»; además, se reiteran las consecuencias económicas, supuestamente atribuidas a los hechos, como argumento.

A continuación, se presentan ejemplos de otros casos, también distribuidos según las estrategias indicadas.

1.

Uso de expresiones periodísticas, o mediáticas en general, con fuertes cargas valorativas, tanto políticas como morales En el caso de la expresión «orden público», por ejemplo, se trasladan los intereses desde un ámbito particular (propietarios de los predios y mapuches que los reclaman) a un ámbito social mayor, que compromete los intereses de la sociedad, lo cual permite su instalación discursiva en los medios de comunicación. La noción de orden público (y sus contrapartes jurídico-judiciales: la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad del Estado) constituye un modo particular, no sólo de entender la interacción de los sujetos, sino la interpretación de su accionar en la cultura jurídico-judicial propia del Estado nacional. Durante el período 1996-2000, se registraron cinco casos de procesos judiciales caracterizados por la relación conflictiva Estado de Chile / Indígenas Mapuches de Chile, en los cuales el Estado ha participado directamente a través de su Consejo de Seguridad. Estos casos son significativos de una consolidación de la relación conflictiva, puesto que el Estado se transforma, directamente, en una de las partes, confrontando al pueblo mapuche, representado por los inculpados.

Veamos, como ejemplo, uno de los casos, cuya acusación precisa:

– Vengo a interponer requerimiento en contra de todas aquellas personas que resulten responsables del delito contra el orden público.

– Esta acción puso en riesgo la vida y la integridad física de los conductores.

– […] además de provocar serios perjuicios económicos […].

– […] además del grave trastorno al normal desarrollo de las actividades económicas involucradas en el transporte de carga.

– Estos hechos son la culminación de un conjunto de acciones de fuerza, llevadas a cabo por estos mismos grupos […] que tienen por finalidad paralizar las actividades productivas de la Empresa Forestal Arauco.

– Los hechos descritos configuran el ilícito sobre Seguridad del Estado, norma que tipifica como delito contra el orden público, el destruir, inutilizar, interrumpir o dañar las instalaciones, los medios o los elementos empleados para el funcionamiento de actividades agrícolas y comerciales, y específicamente de transporte.

– Hacemos presentes estos hechos […] para evitar así que los hechos de violencia ya vividos a fines del año pasado puedan repetirse.

– Las anteriores declaraciones […] se encuadran precisamente en la figura que la ley tipifica como delito contra el orden público.

– […] este estado de armonía social y respeto a la legislación, es el que precisamente se vio alterado seriamente con el accionar de los condenados.

– No se trata de un atentado contra la seguridad interior, sino contra el orden público.

– […] deberá ella [la igualdad ante la ley] ser confirmada en todas sus partes, como única forma de dar garantía a la comunidad regional en cuanto al desarrollo de toda clase de actividades lícitas, incluidas las económicas, en un clima de armonía y de paz social, de seguridad para las personas y de cabal respeto del ordenamiento jurídico, constituyendo así una clara alerta a quienes pretenden, vulnerando la ley y por medios violentos, conseguir sus fines.

– […] estos hechos tipifican la figura delictiva contemplada […] Ley sobre Seguridad del Estado. 

– […] por los delitos contemplados […] sobre Seguridad del Estado [y] se digne condenarlos a la pena señalada para cada uno y a la accesoria anotada y costas del proceso como autores de los citados delitos.

Se observa cómo se configura la noción de atentado contra el orden público, a través de un razonamiento que utiliza diversas estrategias.

Por un lado, relacionar los hechos con otros hechos, dentro de un campo de representación social construido por la violencia, sin precisar cuáles son y si, efectivamente, pueden ser considerados del mismo modo para efectos de este caso. La estrategia es «traer al presente» una violencia histórica que redunda en una criminalización histórica, en una zona históricamente estigmatizada.

Por otro lado, ubicar el conflicto de los intereses económicos particulares en un conflicto –ya consignado como histórico– que afecta «las actividades económicas» y «las actividades productivas», en una región caracterizada por su pobreza y por su vulnerabilidad económica. Los hechos pasan de ser una consecuencia de la pobreza a constituir una de sus causas.

Por último, situar los hechos en un contexto más amplio, que desplaza el caso de una situación particular a una de carácter público y social. El problema entre las comunidades mapuches y las empresas forestales deja de ser un problema entre particulares, para transformarse en un problema de toda la sociedad, bajo la tipificación de delito terrorista o contra el orden público; donde lo público sustituye a lo privado y el espacio privatizado de las tierras que son propiedad de las empresas forestales se transforma, discursivamente, en el espacio de lo público, que, y sólo para estos casos, pasa a ser de todos.

En otras sentencias aparecen expresiones que reafirman el rol y los alcances de estos razonamientos en la vulneración de los derechos.

– Este delito, que por sí sólo es pluriofensivo, pasa a afectar la seguridad ciudadana y el orden público, por lo que se le sanciona en forma más rigurosa, no sólo como incendio sino que como incendio terrorista (RIT 21-2004D).

– […] un hecho público y notorio. (RIT 21-2004D).

– Como es de público conocimiento, en la región existen una serie de denuncias y de investigaciones, algunas judicializadas, realizadas por el Ministerio Público, por delitos de similares características, los que han provocado alarma en la opinión pública y que han tenido como víctima a empresas forestales, diversos agricultores de la zona y pequeños propietarios, que se encuentran en la situación descrita anteriormente (RIT 21-2004C).

– […] hecho punible que es un hecho público y notorio (RIT 21-2004C).

– […] su fundamento en aspiraciones de individuos que con infracción al ordenamiento social (RIT 21-2004C).

– Es un hecho público y notorio que en la zona, desde hace un tiempo a la fecha, están actuando organizaciones de hecho que usando como argumento reivindicaciones territoriales, realizan actos de violencia o incitan a ellos (Corte Suprema, 15/12/2003, 4423-2003).

2-

Reproducción de estereotipos y de prejuicios sociales y culturales sobre las comunidades mapuche y/o estereotipos favorables a la parte acusadora

Uno de los casos paradigmáticos al respecto es el registrado en el Tribunal de Juicio en lo Penal de Temuco, RUC 0400415571 3, RIT 101-2005. Según la sentencia, el 23 de noviembre de 2005, J.V.Ñ.Ñ. fue condenado por el delito de violación en la comuna de Lonquimay,

“a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de las costas del juicio […] se le condena, además, a la vigilancia de autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal […] que se le otorga el beneficio de libertad vigilada quedando sometido a un plazo de tratamiento y de observación de tres años y un día”.

La sentencia se sustenta en los siguientes argumentos: por un lado, que la persona «vive en una comunidad Pehuenche [comunidad indígena rural], a no más de dos o tres kilómetros de Lonquimay». De esta forma, se desestima la condición de ruralidad y de aislamiento de J.V.Ñ.Ñ. utilizada por la defensa para acreditar un error de tipo y/o prohibición. En este caso, por razones estrictamente espaciales –y el imaginario urbano-rural más convencional–, él debe estar en conocimiento de su falta. Por otro, que la persona «tiene en su hogar aparatos de televisión y radio que lo conectan al resto del país y el mundo». De este modo, se sitúa la discusión, precisamente, en las lógicas y en las dinámicas propias de una audiovisualización sociocultural, ideológicamente estandarizada, en la cual nos encontramos; mediante la instalación de algunas presuposiciones sobre las tecnologías y los medios de comunicación.

Frente a esto último, hay algunas presuposiciones que es necesario aclarar:

– Que la presencia de aparatos de televisión y de radio implica una conexión relativamente completa al mundo. Esta afirmación, per saltum, intenta estandarizar los modos de vida (especialmente rurales), imponiendo una racionalidad materialmente inclusiva (presencia de aparatos audiovisuales) por sobre cualquier comprensión de las diferencias. La base de la argumentación es que la tecnología nos hace iguales al democratizar nuestras relaciones con el mundo, sin estimar consideraciones elementales asociadas al consumo tecnológico, en el cual, precisamente, radican brechas muy significativas. La pregunta fundamental sigue siendo: la presencia tecnológica, ¿implica que todos tenemos el mismo acceso? Y, de ser así, y ya en términos más epistémicos, ¿supone una forma estandarizada de «mirar»?

– Asumiendo lo anterior, y concediendo crédito a dicha prueba, emerge otra presuposición: que en el ánimo del consumo tecnológico ideológicamente estandarizado, y en las características de dicho consumo (horas de exposición y tipo de contenidos, etc.) –que, por cierto, no son referidas en la sentencia –, se configuraría una relación estrecha entre los requerimientos de la sociedad (estar plenamente informados sobre nuestros derechos y deberes, y nuestra forma de relacionarnos con los distintos sistemas normativos, como el jurídico-judicial, etc.) y el rol efectivamente informativo y, más aún, educativo que cumplirían los medios de comunicación.

– La línea argumental planteada por los jueces en la sentencia va más allá, porque incluye una presuposición de naturaleza ontológica: que es posible considerar al receptor de manera uniforme, asignándole competencias compartidas por una virtual comunidad de consumidores tecnológicos.

– De lo anterior se desprende, también, una función sinérgica de los medios de comunicación, los cuales asumirían el rol de seleccionar, ya no con criterios económico-políticos-, sino sólo con criterios informativo-educativos funcionales a la sociedad. Y aunque esto último podría ser demostrable, siguiendo la lógica de la funcionalidad sistémica de los medios de comunicación, no podemos desconocer su relación intrínseca con las otras variables. Al menos, sería conveniente explicitar esta relación.

– En cualquier caso, se presupone abiertamente una equivalencia operativa entre información y educación, obviando la actual condición de los contenidos.

– Por último, se presupone que los medios de comunicación masiva están cumpliendo una «correcta» función social al entregar información relevante, requerida para el buen desempeño de las personas en los distintos sistemas existentes, como el jurídico-judicial.

3.

Vulneración de derechos mediante el uso de razonamientos discriminatorios, como parte de un tipo de relato legitimado socialmente e integrado a la rutina productiva de los tribunales Por caso, la relevancia que adquieren los partes policiales en la producción de estos discursos nos exige centrar, también, nuestra atención en ellos. Su incorporación en la rutina productiva de los tribunales, y del proceso en general, permite entender la fuerte presencia de ciertos relatos factuales en el proceso, ciertos hechos que configuran «la realidad». Por ejemplo, lo ocurrido el 1° de diciembre de 1997 como una construcción casi mítica en el proceso, indesmentible e indiscutible, hasta la sentencia. Se reproducen algunos ejemplos consignados en el «Requerimiento del recurso de Ley de Seguridad del Estado (Rol 02-97)»:

– Alrededor de veinte personas al parecer de ascendencia mapuche (algunas de ellas encapuchadas), quienes procedieron a detener a tres de los cuatro camiones.

– […] esta no es la primera acción de esta naturaleza que afecta a la Forestal Bosques Arauco S.A.

– Los presuntos autores materiales del hecho serían miembros de la Comunidad Mapuche Pichi Lincoyán […] quienes además protagonizaron hace algunas semanas una toma de las oficinas de la Dirección Nacional de la CONADI.

– […] al menos tres de los autores del delito actuaron armados con escopetas.

– […] que han sido progresivamente más violentas y que son instigadas por dirigentes.

– […] por tratarse de los mismos dirigentes y grupos que han actuado en los hechos descritos.

– […] dicho predio [Pidenco] fue tomado nuevamente por las señaladas comunidades.

– […] a fin de determinar si todos o alguno de los procesados en estos autos, que se encuentran en libertad provisional, está participando de esta nueva ocupación del Fundo Pidenco.

– […] por estimarlo autor de los delitos investigados.

– […] personas desconocidas de ascendencia mapuche procedieron a atacar con palos y piedras a camiones.

Consideraciones finales

Las diferentes sentencias analizadas transmiten prejuicios y estereotipos en la forma de hechos o de factualidades que concurren a la acusación y se transforman en modos concretos de discriminación étnica. Esto se logra mediante las siguientes macroestrategias discursivas:

– Vincular los hechos violentos con una lógica de «presuntos culpables»: «al parecer de ascendencia mapuche», «personas desconocidas de ascendencia mapuche», etcétera.

– Concatenar hechos con otros no precisados ni probados: «No es la primera acción», etcétera.

– Establecer los hechos como parte de una práctica organizada: «Presuntos autores materiales del hecho serían miembros de la Comunidad Mapuche Pichi Lincoyán», etcétera.

– Establecer los hechos como parte de una práctica de violencia progresiva: «Que han sido progresivamente más violentas y que son instigadas por dirigentes», etcétera.

En otras sentencias aparecen expresiones que reafirman el rol y los alcances de estos razonamientos en la vulneración de los derechos, a saber:

“Para convicción del tribunal, se encuentran acreditados los elementos del tipo penal exigidos por el artículo 7º de la ley 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad, puesto que las declaraciones ya analizadas emanan de personas vinculadas directamente con los hechos o que adquirieron un conocimiento por diversos motivos, testimonios que resultan coherentes con las pericias y las evidencias documentales incorporadas durante la audiencia, que constituyen antecedentes que en su conjunto y libremente apreciados conducen al convencimiento de tener por acreditados, más allá de toda duda razonable, los hechos materia de la acusación fiscal y particular, como quiera que las acciones que causaron estos delitos demuestran que la forma, los métodos y las estrategias empleadas tenían una finalidad dolosa de causar un estado de temor generalizado en la zona” (Corte Suprema, 15/12/2003, 4423-2003).

Lo relevante desde el punto de vista del discurso, es que estos enunciados se presentan como fácticos, lógicos y racionales; y desde allí van configurando una representación social que se integra, posteriormente, en otros juicios y sentencias, como parte de un proceso de producción.

Finalmente, como se ha logrado demostrar aquí, es importante consignar al menos dos situaciones que este estudio aporta en un ámbito más general. Por un lado, el rol importante de los estudios y los análisis discursivos como peritaje válido para acreditar enunciados referidos a hechos de naturaleza inmaterial y subjetiva, como es el caso de la condición de discriminación, mediante estereotipos y prejuicios en la gestión de justicia en tribunales. Desde esta posición analítica es posible proyectar importantes evidencias jurídico-judiciales, porque se otorga relevancia a los análisis de las discursividades como una forma de trabajo productivo, con resultados sociopolíticos significativos.

Por otro, la posibilidad de comprender el trabajo de/en los tribunales como un modo de producción de discursos que reproducen, al transformarse en decisiones, las lógicas y las dinámicas socioculturales a las cuales pertenecen quienes los producen. Este es un rol desmitificador significativo.

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* Carlos del Valle Rojas es periodista y Magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Frontera y Doctor en Periodismo de la Universidad de Sevilla. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de la Frontera.

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